Caso fundaciones: SII analiza aumentar los requisitos de información de ingresos de las corporaciones y ONGs

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), el economista Hernán Frigolett, también fue consultado en la entrevista con Diario Financiero sobre la responsabilidades tributarias de las fundaciones, en el marco del caso que ha sacudido la coyuntura nacional.

¿Cómo están monitoreando el caso fundaciones? ¿Hay medidas específicas que vayan a tomar?

- Medidas específicas no, porque todas estas organizaciones, no solamente las fundaciones que están aquí referidas, sino que de otro tipo, todas están en nuestro radar.

Hace algunos años, el servicio creó la declaración jurada (DJ) 1945, que obliga a las fundaciones con ingresos anuales sobre UF 12 mil a informar una serie de partidas de ingresos. Esta DJ fue clave porque aporta mucha información de todos los ingresos que está recibiendo cualquier organización sin fin de lucro. Para nosotros es importante que ese inventario de todas las fuentes de ingresos estén ahí refrendadas, porque pueden haber fuentes de ingresos que den lugar a hechos gravados.

En ese sentido, tiene que haber cumplimiento en términos de pago del IVA si es que hay un hecho gravado, si hay rentas percibidas tiene que haber un correlato en términos de declaración de la renta y el pago respectivo del impuesto corporativo, etcétera.

- ¿Que sean ONG o fundaciones sin fines de lucro no las exime de responsabilidades tributarias?

- El hecho de que sean instituciones sin fines de lucro no las deja en una calidad especial de contribuyentes, las cuales no tengan la obligación de presentar sus respectivas declaraciones.

Además la DJ 1945 es muy exhaustiva, desde el punto de vista de que tienen que hacer un reporte de todos los ingresos y gastos que hayan hecho.

- ¿Es posible modificar el umbral de ingresos para que fundaciones y ONGs reporten sus ingresos y gastos al SII?

- Hoy tienen que informar si la suma de todos los ingresos declarados superan las UF 12 mil, estamos hablando de alrededor de $ 430 millones. Es bastante.

A lo mejor para tener un radar más efectivo y que planee a más baja altura, necesitaríamos revisar y reducir ese umbral. Tenemos que ver si finalmente se opta por esa opción.

- También se ha dado a conocer que muchas ONGs o fundaciones cambiaban su giro antes o a días de haber recibido recursos públicos. ¿Eso no les llamó la atención?

- Desde el punto de vista administrativo, es más complejo un término de giro parcial -o sea, dejar un giro fuera- que incorporar un nuevo giro. En ese sentido, para nosotros lo importante es que se informe y se haga el registro.

No podemos presuponer de que va a haber un mal uso, porque está dentro de lo que se necesita para la operación de una institución sin fines de lucro o para la operación de una con fines de lucro. Y desde el punto de vista de empresas micro, medianas y grandes, eso es pan nuestro de cada día.

- ¿Pero el hecho de que cambie el giro justo antes de que se entregue una donación o recursos públicos, no llamó la atención del servicio?

- Es que no tenemos ese timing. Las declaraciones juradas que están asociadas a la Operación Renta las estamos recibiendo en el mes de marzo. En ese sentido, nuestra fiscalización empieza una vez que tenemos la declaración jurada.

- ¿Se están analizando acciones penales en el caso de las fundaciones que hemos conocido?

- Es muy temprano, porque para que hayan acciones penales tiene que haber delito tributario. Y hasta el momento, de la información que estamos manejando, no tenemos un delito tributario que esté ahí en ciernes.

Convenio con la Fiscalía apunta a reducir plazos de investigaciones y dejar atrás las diferencias

Frigolett defiende la política de presentar querellas contra todos quienes resulten responsables, y no nominalizadas.

- ¿Cuán necesarias son las modificaciones a la Norma Antielusión? Uno ve que se está aplicando, incluso 16 contribuyentes rectificaron y pagaron las diferencias de impuestos al Fisco.
- Estamos aplicando el marco que existe, lo que planteamos es que con ese marco -si se modifica en la dirección que nosotros planteamos- vamos a ganar en eficiencia del proceso integral. Eso significa que los tiempos se van a cortar.
Tenemos fiscalizaciones que se han judicializado del 2007, que recién pagarán los impuestos adeudados 16 años después. Entonces son plazos que tenemos que reducir. En esa misma línea está el convenio con el Ministerio Público.
- ¿Ese convenio significa dejar atrás las fuertes y públicas diferencias con la Fiscalía?
- El signo del convenio es justamente ese. Tal vez es mera coincidencia, pero tenemos un nuevo fiscal nacional y tenemos un nuevo director nacional en el SII. Y hay un diagnóstico compartido de algunas dificultades que necesitamos solucionar en el más breve de los plazos.
El convenio por sí es un avance, pero ahora tenemos que hacer que se agilice desde el punto de vista del objetivo de las dos instituciones.
- ¿Por qué cuando asumió el cargo dejó atrás la política de nominalizar las querellas? Ahora apuntan contra todos quienes resulten responsables.
- Una buena parte de lo que estamos viendo hoy, por las querellas que estamos trabajando con el Ministerio Público y con las direcciones regionales, son operaciones de grupos organizados. Entonces, en una lógica de ser más certeros en el control del crimen organizado y de desbaratar organizaciones, necesitamos un cambio radical y que nos lleve a una acción mucho más oportuna. A eso estamos apuntando.
En la medida que estas investigaciones van avanzando, van apareciendo más involucrados. Presentar querellas o denuncias contra todos quienes resulten responsables, nos da la capacidad de ser muy ágiles en la incorporación de lo que vayamos descubriendo.